martes, 25 de abril de 2017

Democracia paritaria participativa y protagOnica Alain De Benoist

En gran medida puede ser corregida por la puesta en marcha de la democracia participativa, llamada también democracia orgánica o democracia encarnada.
Una reorientación tal parece hoy día de una acuciante
necesidad debido a la evolución general de la sociedad.
La crisis de las estructuras institucionales y la desaparición
de los «grandes relatos» fundacionales, el creciente desapego
del electorado por los partidos políticos de corte clásico, la
renovación de la vida asociativa, la emergencia de nuevos
movimientos sociales o políticos (ecologistas, regionalistas,
identitarios) cuya característica común es no defender los in-
tereses negociables sino los valores existenciales, dejan entre-
ver la posibilidad de recrear una ciudadanía activa desde la
base.
Todos estos factores llaman a rehacer profundamente las
prácticas democráticas que únicamente pueden operarse en
dirección de una verdadera democracia participativa. En una
sociedad que tiende a volverse cada vez más «ilegible», esto
tiene como principal ventaja eliminar o corregir las distorsio-
nes debidas a la representación, asegurar una mayor confor-
midad con la ley y con la voluntad general, y ser fundadora de
una legitimidad sin la cual la legalidad institucional no es más
que un simulacro.
La democracia participativa no puede ser hoy día más que una
democracia de base.



El procedimiento refrendario (que resulta de la decisión de
los gobiernos o de la iniciativa popular, ya sea que el referén-
dum sea facultativo u obligatorio) sólo es una forma de demo-
cracia entre otras –y cuyo alcance quizá se ha sobreestimado.
Señalemos de una vez que el principio político de la democra-
cia no es que la mayoría decida, sino que el pueblo es sobe-
rano. El voto no es por sí mismo más que un medio técnico
para consultar y revelar la opinión. Esto significa que la de-
mocracia es un principio político que no podría confundirse
con los medios que utiliza, y que tampoco podría ser producto
de una idea puramente aritmética o cuantitativa.



La calidad de ciudadano no se agota en el voto. Consiste más bien en poner en práctica todos los métodos que le permitan manifestar o
rechazar el consentimiento, expresar su rechazo o su aproba-
ción. Conviene, pues, explorar sistemáticamente todas las
formas posibles de participación activa de la vida pública, que
son también formas de responsabilidad y de autonomía por sí,
ya que la vida pública condiciona la existencia cotidiana de
todos.



La democracia, a final de cuentas, descansa menos sobre la forma de gobierno propiamente dicha que sobre la participación del pueblo en la vida pública, de suerte tal que el máximo de democracia se
confunda con el máximo de participación. Participar es tomar
parte, es probarse a sí mismo como parte de un conjunto o de
un todo, y asumir el papel activo que resulta de dicha perte-
nencia. «La participación –decía René Capitant– es el acto
individual del ciudadano que lo efectúa como miembro de la
colectividad popular». Vemos a través de esto cómo las no-
ciones de pertenencia, ciudadanía y democracia se encuentran
ligadas.
Conocemos la divisa republicana francesa: «Libertad,
igualdad, fraternidad». Si las democracias liberales han ex-
plotado la palabra «libertad», si los antiguos demócratas po-
pulares se han emparentado con la «igualdad», la democracia
orgánica o participativa, fundada en la ciudadanía activa y en
la soberanía del pueblo, bien podría ser el mejor medio para
responder al imperativo de fraternidad.



La democracia representativa, de esencia liberal y burguesa, y en la cual los representantes por la elección están autorizados a transformar la voluntad popular en actos de gobierno, constituye en la hora actual el régimen político más comúnmente extendido en los países occidentales. Una de las consecuencias de esto es que tenemos la costumbre de considerar que democracia y representación son, en cierta forma, sinónimas. No obstante, la historia de las ideas demuestra que no es así.
El razonamiento de Rousseau es muy simple: si el pueblo está representado, son sus representantes quienes detentan el poder, en cuyo caso ya no es soberano. El pueblo soberano es un «ser colectivo» que no podría estar representado más que por él mismo. Renunciar a su soberanía sería tanto como renunciar a su libertad, es decir, a destruirse a sí mismo. Tan pronto como el pueblo elige a sus representantes, «se vuelve esclavo, no es nada» (Del contrato social ). La libertad, como derecho inalienable, implica la plenitud de un ejercicio sin el cual no podría tener una verdadera ciudadanía política. La soberanía popular no puede ser, bajo estas condiciones, más que indivisa e inalienable. Cualquier representación equivale, pues, a una abdicación.
Sin embargo, lo que pasa hoy es exactamente lo contrario. En las democracias liberales, la supremacía está dada a la re-presentación, y más específicamente a la representación-en-carnación.
El representante, lejos de estar solamente «comprometido» a expresar la voluntad de sus electores, él mismo encarna di-cha voluntad de hacer solo para lo que fue elegido. Esto quie-re decir que encuentra en su elección la justificación que le permite actuar, no tanto según la voluntad de quienes lo eligieron sino según la suya propia –en otras palabras, se considera autorizado por el voto a hacer lo que considere bueno.
Este sistema está en el origen de las críticas que no han dejado, en el pasado, de estar dirigidas contra el parlamentarismo, críticas que hoy reaparecen a través de los de-bates sobre el «déficit democrático» y la «crisis de la representación».



En el sistema representativo –al haber delegado el elector
mediante el sufragio su voluntad política a quien lo repre-
senta– el centro de gravedad del poder reside inevitablemente
en los representantes y en los partidos que los reagrupan, y ya
no en el pueblo. La clase política forma más bien una oligar-
quía de profesionales que defienden sus propios intereses,
dentro de un clima general de confusión e irresponsabilidad.
Añadamos que hoy día, en una época en que quienes poseen
poder de decisión tienen en mayor grado los de nominación o
de cooptación que el de elección, constituyen una oligarquía
de «expertos», de altos funcionarios y de técnicos.
El Estado de derecho, cuyas virtudes celebran regular-
mente los teóricos liberales – a pesar de todas las ambigüeda-
des que implica esta expresión– no parece que su naturaleza
pueda corregir dicha situación. Al descansar sobre un conjunto de procedimientos y reglas jurídicas formales, en realidad es indiferente ante los fines específicos de la política. Los
valores están excluidos de sus preocupaciones, dejando así el
campo libre para el enfrentamiento de intereses. Las leyes
solo tienen la autoridad de hacer lo que sea legal, es decir
aquello que esté conforme a la Constitución y a los procedi-
mientos previstos para su adopción. La legitimidad se reduce
entonces a la legalidad.
Esta concepción positivista-legalista de la legitimidad in-
vita a respetar a las instituciones por ellas mismas, como si
constituyeran un fin en sí, sin que la voluntad popular pueda
modificarlas y controlar su funcionamiento.

Alain De Benoist

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