miércoles, 24 de abril de 2013

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS

CUESTIONAN POSICIONES DEL FORO POR LA VIDA
Caracas, 22 de abril.
Quienes firmamos abajo, activistas, trabajadores y trabajadoras de distintas disciplinas que hemos hecho vida en las organizaciones de derechos humanos venezolanas, y otras vinculadas o sensibilizados con el tema, damos a conocer nuestra posición frente a las declaraciones emitidas en días recientes por la coalición de organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida, en torno a las víctimas y a los hechos de violencia política registradas en el marco del último proceso electoral celebrado en Venezuela, así como en torno a los resultados de dicho proceso. 
Sobre los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad ciudadana
El 16 de abril, el Foro por la Vida emitió un primer pronunciamiento, en el cual expresaba su repudio hacia “… las agresiones contra personas que participaban en las auditorías ciudadanas (…)” y su preocupación por “los ataques vandálicos sufridos por la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación contra su personal, equipos e instalaciones en las que laboraban el 14 de abril, mientras realizaban una actividad de verificación, debidamente avalada por el Consejo Nacional Electoral”. Ese mismo día circulaba ya información sobre las primeras víctimas de violencia política, que incluyeron a funcionarios regionales y nacionales del CNE, a ciudadanos comunes y a trabajadores gubernamentales. Los hechos conocidos iban desde el acoso y el hostigamiento hasta la muerte. Sin embargo, de manera incomprensible, esta información pública y notoria fue omitida por el Foro.
Tardíamente, y sin contextualizar la filiación política de las víctimas de asesinatos, el pasado 18 de abril, solicitó el Foro “… una investigación expedita y transparente de las muertes ocurridas desde el cierre de la campaña electoral y en el marco de la crisis originada desde el día 14 de abril en la madrugada”. Igualmente, el Foro manifestó su “… rechazo a las expresiones de violencia e intolerancia, independientemente de donde vengan”. 
En la Carta Abierta a las organizaciones de derechos humanos de América Latina, el Foro hace alusión a las víctimas de la violencia política en segundo término, como corolario argumentativo a la descalificación de los resultados electorales, destacada con afirmaciones como éstas,: “… se ocultó deliberadamente que la negativa a la activación de un mecanismo institucional y democrático es el detonante de la crisis, abriendo cauce a la violencia” (…) “Si bien no era un acto ilegal, era políticamente torpe que, en medio de una solicitud de impugnación, fuera proclamado Nicolás Maduro como presidente del país para el período 2013-2019, lo cual aumentó la crispación de un sector importante del país”. 
En cambio, sobre el llamado del ex candidato presidencial y actual Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, a drenar “la arrechera” a través de un cacerolazo, el Foro apenas menciona que: “El 15.04.13 fue convocado (se omite el hecho público y notorio de que fue Henrique Capriles quien convocó) un cacerolazo que fue acatado de manera masiva en las principales ciudades del país, así como en diversas poblaciones medianas y pequeñas y, dato significativo, en zonas populares identificadas tradicionalmente con el oficialismo”. Se omite, igualmente, que en el contexto de esas manifestaciones ocurrieron actos de violencia contra personas y bienes. 
Las citas del párrafo anterior abundan en expresiones de carácter editorial y omiten información relevante, por lo que menoscaban la deseable credibilidad que deben tener organizaciones de derechos humanos que se autodefinen como autónomas, en vez de cumplir con su rol: Exigir el establecimiento de responsabilidades, condenar la violencia -independientemente de quien la promueva- y solicitar el inicio de una investigación exhaustiva, propia e imparcial. Por eso, insistimos, llegan tarde tales expresiones en la rueda de prensa del 18 de abril. 
Otra importante omisión en las tres comunicaciones hechas públicas por el Foro es el hecho de que todas las víctimas mortales reportadas hasta la fecha eran simpatizantes o militantes del chavismo. No obstante, en la misma Carta.., el Foro señala que: “… hubo excesos en ambos bandos, reportándose actos de agresión, intimidación, violencia, heridos y muertos en diferentes puntos del país”. 
Según información difundida por medios comunitarios, regionales, nacionales y por organismos oficiales, para el 16 de abril ya habían fallecido al menos seis personas y más de sesenta fueron heridas. Luego, la cifra de muertes aumentó a nueve. Algunos murieron mientras celebraban el triunfo electoral y otros, en el marco de acciones contra obras emblemáticas del proceso bolivariano (centros de salud, sedes del PSUV, conjuntos residenciales de la Gran Misión Vivienda Venezuela y medios comunitarios). 
Como venezolanos y venezolanas formadas en el activismo de derechos humanos, nos sorprende que éste no haya sido considerado un “dato significativo”, como sí lo fue el caceroleo en zonas populares identificadas con el chavismo. Al respecto habría cabido, cuando menos, señalar la responsabilidad del Estado en torno a la protección del derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, pero también la del liderazgo político de oposición (entre quienes se cuentan funcionarios públicos con altas responsabilidades estadales de dirección), que a nuestro juicio es corresponsable de la violencia por haber instigado a sus seguidores a “drenar la arrechera” la noche del 15 de abril.
Sobre el derecho a la manifestación pacífica
En este marco de volatilidad en las calles, el Presidente Nicolás Maduro anunció la decisión de no permitir la marcha anunciada por el ex candidato Capriles hasta el centro de la ciudad para el 17 de abril, y les conminó a manifestar en otras zonas de Caracas.
La mencionada decisión presidencial es señalada por el Foro por la Vida como una suspensión “… por la vía de los hechos (de) las garantías constitucionales del derecho a la manifestación”. A nuestro juicio, la decisión se fundamenta en las limitaciones que el derecho a la manifestación pacífica encuentra tanto en el ordenamiento jurídico nacional como en el internacional, en un contexto en el que han ocurrido nueve muertes de activistas bolivarianos en el marco de manifestaciones de la oposición, y que el mismo Foro por la Vida reconoce como de “alta conflictividad”. En la memoria del pueblo venezolano están frescos los hechos del 11 de abril de 2002, cuando la omisión del Estado venezolano (producto del desconocimiento de sectores golpistas de la FAN y de la PM), al no impedir que se encontraran los manifestantes de oposición con los manifestantes bolivarianos, en el centro de la ciudad, generó más de veinte muertes y sirvió de excusa para un Golpe de Estado.
La Manifestación no es un derecho absoluto. Su ejercicio puede y debe ser ponderado, en este caso, en relación con otros derechos, como la vida, la integridad, la seguridad personal. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 21) como la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 25) coinciden en señalar que el ejercicio de este derecho está sujeto a las restricciones previstas por la ley, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger los derechos y libertades de los demás. 
Sobre el desconocimiento a los resultados electorales y la solicitud realizada por la MUD y su candidato al CNE 
Desde su primer Pronunciamiento del 16 de abril, el Foro se hace eco de la solicitud realizada por el candidato de la MUD, Henrique Capriles, de hacer un reconteo de votos, “… para solucionar la controversia”. A su vez, en la Carta abierta del día 18 de abril, el Foro señala que: “Después de la divulgación de los resultados el candidato Henrique Capriles impugnó los resultados…” (subrayado nuestro). 
Confiando en la buena fe del Foro, tal afirmación demuestra, cuando menos, un alarmante desconocimiento de los mecanismos legales de resolución de controversias electorales en nuestro país, pues el candidato de la MUD no impugnó los resultados electorales el 14 de abril. Tal impugnación sólo es posible a través del inicio de un proceso legal que incluye la interposición de un Recurso Jerárquico ante el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral o alguna de sus oficinas regionales, dentro de un lapso de veinte días hábiles siguientes a la realización de la elección (Ley Orgánica de Procesos Electorales, LOPRE, Capítulo III, de los artículos 203 al 212).
Hasta el día de hoy, la oposición no ha introducido una solicitud formal de impugnación. Lo que hizo el ex candidato Capriles fue desconocer los resultados a través de medios masivos de comunicación y exhortar a sus seguidores a drenar su descontento, en los términos ya citados. Tampoco han solicitado formalmente un reconteo de votos. 
El 18 de abril, luego del lamentable saldo de muertes y hechos de violencia, una representación de la MUD introdujo al CNE una solicitud para completar hasta el 100% de los votos la auditoría ciudadana. Esta auditoría es un mecanismo regular para el 54% de los votos de un proceso electoral en Venezuela, y se realizó el mismo domingo 14 de abril. Lo que finalmente solicitó la MUD fue auditar también el otro 46% restante, requerimiento aprobado por el CNE el día 18, en una acción dirigida a aliviar las tensiones políticas, y haciendo énfasis en que esta medida extraordinaria no variará los resultados ni deslegitima la proclamación del Presidente Maduro.
Adicionalmente, el Foro solicita al CNE que “someta a consideración el acompañamiento técnico ofrecido por la Organización de Estados Americanos”. Al respecto, cabe destacar que ya hubo respaldo de acompañantes internacionales durante el proceso electoral, entre los cuáles la representación de la Unasur, los cuáles validaron la transparencia y efectividad del proceso de conteo de votos. A su vez, posteriormente la OEA, la CELAC y la totalidad de los presidentes de América Latina han reconocido la constitucionalidad plena de la proclamación del Presidente Nicolás Maduro.
Frente a estos hechos:
1. Sostenemos que en Venezuela no existe, como afirma el Foro por la Vida en base a hechos falsos, una suspensión de garantías constitucionales de facto. Hay una situación de conflicto político generada por la negativa de un sector a aceptar los legítimos resultados electorales. Ya han sido activados mecanismos legalmente vigentes para solventar tal controversia, sin riesgo para el Estado de Derecho en Venezuela. 
2. En un escenario de conflictividad política como el que enfrentamos actualmente en Venezuela, la acción de organizaciones que afirman su autonomía en la función de defensa de los derechos humanos, debe estar signada por una posición ponderada, orientada a desarticular las causas de la violencia y a exigir respeto a los derechos humanos de todas las partes involucradas en el conflicto. Lejos de aportar a esos objetivos, la posición del Foro por la Vida ante la actual coyuntura favorece de manera sesgada a quienes han convocado a la protesta violenta, desconociendo decisiones de órganos constitucionales legitimados por la observación y el acompañamiento electoral, y contribuye a invisibilizar el origen de la violencia y su trágico saldo. De ahí que consideremos oportuno convocarles a que reflexionen sobre las consecuencias de una desviación de esta naturaleza y del debilitamiento que ello supone para las acciones de defensa de derechos humanos en general. 

3. Instamos a las organizaciones de derechos humanos de América Latina y a la Comunidad Internacional en general a ponderar las informaciones provenientes de Venezuela, contrastando las distintas fuentes, asumiendo con responsabilidad, imparcialidad y equilibrio sus pronunciamientos al respecto, en aras de contribuir al fortalecimiento de la paz, la democracia y los derechos humanos, vigentes en nuestro país.

Firman:

1. Andrés Antillano, C.I. 9425907, Miembro asociado a la Asamblea, Provea (2008-2012)
2. Cristóbal J. Alva Ramírez, C.I. 6.089.372, ejecutor del área de Información e Investigación, Provea (1992-1997).
3. Hernán Ávila Montaño, Director Ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS. Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Director de la Oficina Regional Trinidad-Beni (2010-2012). Asesor del Pacto de Unidad en la Asamblea Constituyente (2006-2008).
4. Ana Barrios, C.I. 5.451.122, ejecutora del área de Educación y Equipo Coordinador, Provea (1989-1995).
5. Bryan Barrios Grafe C.I 19.060.343 Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2007- )
6. María Isabel Bertone, C.I. 10.046.200, Equipo Coordinador, Provea (1996-2005).
7. Álvaro Cabrera Gutiérrez, C.I. 13.240.915, Coordinador de Publicaciones y Equipo Coordinador, Provea (1995-1998). Miembro de la Asamblea, Provea (1999-2012).
8. Marieva Caguaripano, C.I. 10.378016, ejecutora del área de Información e Investigación, Equipo Coordinador, Provea (1990, 1995).
10. Alba Carosio, C.I. 11.858.059, Red de Colectivos La Araña Feminista (2009), Defensora de DDHH de las Mujeres, Miembra fundadora de La Casa de la Mujer – Maracaibo (1982-1990). Miembra de la Red Todas Juntas (1990-1995); Centro de Estudios de la Mujer UCV (1999-).
11. Anaísa Castillo C.I 9.970.657, Comité Contra el Olvido y por la Vida.
12. Cristóbal Cornieles Perret Gentil, C.I. 10.817.524, Ejecutor del Área Jurídica, Provea (1994 -1995). Colectivo de atención integral a los trabajadores
(1995-1998). Acción ciudadana contra el sida (1999-2000). Cecodap (1999-2002). Miembro consultivo, Red de apoyo por la justicia y la paz (2011-2012), asociado.
13. Noris C. Correa H, C.I. 6.468.506, Coordinadora de A.C. Vida en Vargas (actualmente).
14. María Luisa de Paz, C.I. 10485987, Ejecutora de Programa del área de Defensa, Provea (1992-1995).
15. Luis Diaz, CiI. 11.488.047. investigador del Centro para la Paz y los Derechos Humanos (1997 - 2009). 

16. Ricardo Dorado Cano-Manuel, Miembro del Área de Defensa Jurídica de Provea (1991-1995); Coordinador de Área (1995), Miembro y Coordinador del Colectivo Aportes, Colectivo de Atención Integral a los Trabajadores/as (1995-1999).
17. Soraya El Achkar G. C.I. 8.505.722, Fundadora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1985), miembra de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1985 –).
18. Blanca Escalona Rojas, C.I. 12.261.950, Cumbe de Mujeres Afrovenezolanas.
19. Isamar Escalona, C.I. 7.981.055, Ejecutra del área de Educación y Responsable del programa (1999 – 2006).

20. Pablo Fernández Blanco, C.I. 23.527.749, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1995 - 2012).
21. Manuel E. Gándara Carballido, C.I. 9823244, Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, (1997- ).
22. Angélica García, C.I. 10.349.009, Comité Contra el Olvido y por la Vida
23. Jesús (Chucho) García, C.I. 4.168.353, Fundación Afroamérica.
24. Martha Lía Grajales Pineda, C.I. 29.565.914, miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2011 - ).
Angel González, CI 9.624046. Colaborador de la Coordinación Regional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (CORENATs) Venezuela. 
25. Antonio J. González Plessmann, C.I. 10.866.332, Equipo Coordinador, Provea (1999 - 2005). Miembro asociado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2005 - ).
26. Enrique González, C.I. 29.525.916, miembro de Provea (1995-1999), ACCSI (2000-2001)
27. Iván González Alvarado, C.I: 7.379.876. Miembro de la Asamblea y Consultivo de Provea (1994 - 2013). 
28. Ramón Gordils, C.I. 6.266.987, ejecutor del Área de Comunicación e Información (1989-1999), miembro del equipo de investigación del Informe Anual sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela, coautor de los capítulos Derecho a la Vida, Derecho a la manifestación pacífica, Derecho a un ambiente sano (1994-1998); Miembro Asociado de la Asamblea de Provea (1998-2007).
29. Maryluz Guillén Rodríguez, C.I. 11.557.841, miembra Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2013)
30. María Paula Herrero, C.I. 14.444.733, ejecutora del área de Comunicación e Información, Provea (1989-1996).
31. Alejandra Laprea, C.I. 9.911.728, Cineasta, feminista de la Coordinación Nacional de La Araña y el colectivo Tinta Violeta.
32. Gabriela Malaguera González, CI. 13.538.266, Defensora de los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Venezuela (2009-2012).
33. Oswaldo Marchionda, Investigador de Provea (1993 - 1994).
34. África Matute C.I. 18.011.961, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2010 - 2013).
35. Elba Martínez Vargas, C.I. 6.914.739. Miembra de Amnistía Internacional, (1984-1989), Responsable del Programa de Educación en Derechos Humanos (1992-1993), Ejecutora del área de Educación, Provea (1995-1996).
36. Rubén Molina, C.I. 5.892.358, Ejecutor de Programa, Área de Educación (1989-1995); Miembro Asociado de la Asamblea de Provea (1990-1995).
37. Lilian Montero, C.I. 6.427.029 (trabajó en CECODAP) y participó en el Foro por la Vida (1997-2000).
38. María Alejandra Morales Hackett, C.I. 10.310.372, Coordinadora de investigaciones de campo Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (1993- 2010). Profesora de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad 2010-2011
39. Vicmar Morillo Gil, CI 7.958.276, Ejecutora del área de Información e Investigación, Provea (1993-2004).
40. Gioconda Mota Gutiérrez, C.I. 11.917.394 Red de Colectivos La Araña Feminista (2009-).
41. Terry Pastor Pacheco, C.I. 11.172.284, Miembro de áreas de educación (1996-99) y comunicación (1999-2002) de Provea. Colaborador del Centro de Derechos Humanos de la UCAB (2002-03). Miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2003-04).
42. Ángel Palacios, C.I. 6.976.129, Documentalista.
43. Maria Quijada. C.I. 10504351. Voluntaria de Amnistía Internacional (2008-2009). Docente de DDHH e Investigadora UNES
44. María Teresa Quispe, CI 82.026.345, Wataniba.
45. Amaylin Riveros, C.I. 10.349.643 Integrante del Comité Contra el Olvido y por la Vida (1988 – 1992).
46. Maureen Riveros C.I. 6.280.434. Ejecutora del Área de Información e Investigación, Provea (1999-2006).
47. Teolindo Rojas Ferrer C.I. 10.489.911 voluntario de la Red de apoyo por la justicia y la paz (1996- 2002) - Programa de Educación Red de apoyo por la justicia y la paz 2007. 
48. José Ángel Rodríguez Reyes, C.I. 6295334, Ex miembro del Equipo de Defensa, Provea.
49. María Elena Rodríguez, C.I. 6.913.399, Ejecutora del Área de Defensa, Coordinadora del Programa de Exigibilidad en DESC, Provea (1995-2007).
50. Ileana Ruiz, C.I. 6.084.832, Educadora y Comunicadora Social, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1987-)
51. Marvelys Sifontes, C.I. 13123818, activista de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2001)
52. Wilman Antonio Verdú Canache, C.I. 6300170, Centro para la Paz UCV- Monitor Observatorios de DDHH (2006). Miembro Asociado Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
53. Belkis Urdaneta Jayaro, C.I. 9.740076, Miembra de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-2013).
54. Leonardo Tamburini, C.I. 4.685.442 S.C. Investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS. Santa Cruz de la Sierra – Bolivia (2013). Jefe Programa Tierra, Territorio y Derechos Humanos (2003-2006).
55. Asia Villegas Poljak, C.I. 6.355.311, Equipo Fundacional de la Defensoría del Pueblo, Movimiento de Mujeres (2000-2004). Integrante de la Comisión de DDHH del extinto Congreso (1995 al 2000), Coordinadora de la Comisión de DDHH de la Asamblea Constituyente.

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